De no ser por este tipo de iniciativas, el actual gobierno del PP en el ayuntamiento de Alcalá de Henares no hubiera ejecutado ninguna infraestructura  en estos 2 años.  A esto tenemos que añadir inversiones importantes como terminar la Restauración del Antiguo Hospital de San Lucas para convertirlo en museo (solicitado por IU para el FEESL) y la remodelación integral de las piscinas del VAL, ¡que ya era hora!, que se financiaran, ¡POR FIN!, con el PRISMA 2008-2011 (Plan Regional de Inversiones de la Comunidad de Madrid).

No contentos aún, dedican otros 29.000€ en conceder a otra empresa privada “la realización de un estudio técnico-económico para el redimensionamiento de las concesiones de limpieza viaria, recogida de residuos y gestión y mantenimiento integral de zonas, espacios verdes y arbolado del municipio de Alcalá de Henares”.

Así comenzaba la rueda de prensa Inés Sabanés que quiso en todo momento dejar claro cual era el verdadero problema que teníamos sobre la mesa y por el que los bomberos, en ese mismo momento, estaban teniendo una reunión con el alcalde de Alcalá de Henares. “En el caso del parque de bomberos  de Alcalá, que da cobertura a 250.000 personas, (Alcalá de Henares y 13 municipios más), significa que la no cobertura, incluso la reducción de plantillas, impide desarrollar los servicios con eficiencia, calidad y garantías suficientes para proteger a la población de estos municipios”.

Lo que no vamos a hacer nunca es caer en la trampa del PP y presentar alegaciones al texto durante el periodo de exposición pública, “por supuesto que podríamos presentar alegaciones,  alguna, p.ej., como añadir una letra más al artículo nº 5 -la K- para que la comisión permanente del Consejo Escolar contara con un representante de cada uno de los grupos políticos con representación municipal en la Corporación”. Esta comisión es muy importante porque en este órgano se tratará la verdadera y definitiva solución de los problemas y en que creemos ser útiles. “Pero si lo hiciéramos así, caeríamos en su trampa y lo único que conseguiríamos sería retrasar más la entrada en vigor del Reglamento. Y eso no lo vamos a hacer.”

Asimismo, el Gobierno también ha autorizado a Roca a suspender durante un año el contrato de unos 200 trabajadores que percibirán el 80% de su salario.